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19/05/2017

Artículo de Josep Soler en 'Expansión': "Una Guía esencial para la protección del inversor"

Llevamos tanto tiempo anunciando MiFID II que hay el riesgo de que no nos demos cuenta que ahora sí que entramos en la recta final de su aplicación efectiva.

Artículo de Josep Soler en 'Expansión': 'Una Guía esencial para la protección del inversor'

El reto de la directiva y de su interminable corte de reglamentos y normas técnicas es el de sentar unas bases sólidas y eficientes en los servicios financieros de la Unión Europea y superar las tensiones  entre reguladores, entidades, profesionales y clientes, comunes en las últimas décadas. MiFID II supone la revisión y mejora de la fallida MiFID I, nace con mandatos muy claros y entre ellos aumentar sensiblemente la protección del inversor, en un sector,- el del ahorro y el dinero-, tan sensible y tan lleno de conflictos de interés. Parece por el momento que el ingente trabajo legislativo, comunicativo y de implementación operativa, de todos estos años puede dar sus frutos, no sin algunas penas y lágrimas.

Dentro de las numerosas medidas que se integran en los cambios de MiFID II resalta la exigencia de cualificación y competencia para todos los profesionales que, a partir de primeros de enero de 2018 (Fecha de aplicación terminante de MiFID II), nos informen o nos asesoren sobre productos de inversión en entidades de crédito, o en empresas de inversión. Esta definición alcanza de hecho a una enorme parte de los empleados y directivos bancarios y financieros. En este país, además, al regularse por primera vez las exigencias profesionales para poder informar o asesorar al cliente final, la medida puede llegar a afectar a un porcentaje muy alto de los trabajadores del sector. Quizás a cerca de 100.000.

Este mandato, taxativo para responsabilizar a las entidades de su cumplimiento, apareció en el texto aprobado de MiFID II, se concretó en unas Directrices que el año pasado publicó la ESMA (la autoridad europea de inversión y mercados financieros) y va a ser adaptada en cada país por el ente regulador correspondiente, en el caso español la CNMV. De hecho, la proximidad al inicio del 2018 con la obligatoriedad de cumplimiento ha puesto nervioso al sector que además simultáneamente está adaptando procesos informáticos a otras nuevas exigencias de la directiva y un montón de procedimientos internos, todo de forma muy urgente. Para adaptarse a las exigencias de cualificación y competencia, las entidades financieras lógicamente se han puesto en marcha antes de escuchar las exigencias concretas de la CNMV (que en todo caso han de seguir las europeas ya publicadas). Unas de ellas han apostado por aprovechar la exigencia regulatoria para formar y certificar profesionalmente a la mayor parte de la plantilla fijando niveles altos de exigencia. Otras, han preferido optar por soluciones con el objetivo fundamental de “pasar el corte” o de un cumplimiento casi “de mínimos”. Finalmente, algunas han esperado a que se pronunciara el supervisor y tan tarde lo han hecho que les podría pillar el toro. Veremos.

Este pasado mes de febrero, ¡por fin!, la CNMV publicó un documento consultivo con una serie de preguntas al sector para que se opinara sobre los principales elementos de las directrices de ESMA sobre cualificaciones y competencia. Todo ello fue discutido en una sesión restringida a asociaciones del sector y con el objetivo de conocer las diversas opiniones. Ello ha conducido a la publicación, el pasado 24 de abril del borrador de Guía Técnica abierta a consulta pública para la evaluación de los conocimientos y competencias  del personal que informa y asesora en las entidades financieras. Esta Guía es la que dará los criterios esenciales de formación del personal mencionado, y que puede representar un avance muy importante en beneficio de clientes e inversores, pero, -no lo duden-, en beneficio de los propios profesionales, de las entidades y del sector, tan necesitado de recuperar la reputación perdida.

En general la CNMV ha optado por la siguiente solución u orientación: ser muy flexible para que sean las entidades las que puedan justificar la cualificación y la competencia de sus empleados, directivos o agentes; pero al mismo tiempo indicar unos niveles elevados y dejar claro que cualquier desviación de estos niveles, deberá ser justificada por los órganos de gobierno de las entidades. En resumen; fijar criterios exigentes, decir a las entidades que son libres en como los adoptan pero indicar claramente que se deberá justificar y habrán controles estrictos para todos pero especialmente para las que opten por procedimientos y niveles distintos a los apuntados por el supervisor.

Estamos pues ante una toma de posición de la CNMV inteligente y proporcionada. Está en juego un elemento importante para mejorar las garantías de los ahorradores que es la exigencia de que quien nos diagnostique y prescriba la medicación de nuestra salud financiera sea un médico cualificado en finanzas. Nada menos. Para ello no puede ser válida una titulación que no contenga lo que el regulador considera esencial para informar o asesorar y que ha detallado tanto ESMA como la CNMV. Tampoco puede ser válida una titulación que haya sido evaluada o certificada por los mismos formadores contratados por la entidad financiera o con conflictos de interés, ni aquellas que no estén sujetas a realizar formación continua permanente, válida y evaluada; además de otros criterios que den la certeza de la cualificación del profesional, no a su propia entidad, sino al regulador y al cliente. La CNMV ha optado por aprovechar la oportunidad de cambiar las cosas y en positivo. Creemos que las entidades, entendiendo el esfuerzo que les significa cumplir con una alta exigencia, acabarán unánimemente optando por soluciones de cumplimiento asegurado que coinciden con los niveles más altos de protección a sus clientes. Algunas ya están desde hace tiempo decididamente en este camino.


Josep Soler Albertí
Presidente de EFPA Europa

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