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23/03/2018

Artículo de Josep Soler en 'La Vanguardia': “MiFID II: No desaprovechemos la oportunidad ”

'La Vanguardia' ha publicado en el especial sobre Banca Privada un artículo de opinión firmado por el Presidente de EFPA Europa, Josep Soler, en el que explica que la complejidad del sector financiero requiere un esfuerzo extra por parte de todos los players del sector, para responder de forma adecuada a las necesidades derivadas de la innovación y los cambios disruptivos a los que el sector está sujeto con intensidad.

Artículo de Josep Soler en 'La Vanguardia': “MiFID II: No desaprovechemos la oportunidad ”
Una forma adecuada de responder a estos desafíos pasa por una mejora de los estándares profesionales y éticos exigidos a quienes se dedican a informar y recomendar productos financieros. Esta es una de las principales novedades en materia de regulación, derivada de la normativa MiFID II, que entró en vigor en el mes de enero. Como establecía el artículo 25.1 de la Directiva 2014/65/UE sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID II), una de las exigencias transversales, que afecta a todos los ámbitos del mercado financiero, pasa por la necesidad de que el personal de las entidades financieras cuente con unos conocimientos y experiencia adecuados para poder informar y asesorar a sus clientes, sobre los servicios que prestan y los productos que ofrecen.
 
De este modo, y siguiendo las directrices marcadas por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en sus siglas en inglés), y posteriormente por la CNMV en España,  las empresas de servicios de inversión tienen que garantizar que quienes prestan asesoramiento o proporcionan información sobre instrumentos financieros, servicios de inversión o servicios auxiliares cuentan con una cualificación adecuada y, en segundo término, que conservan y actualizan sus conocimientos y competencias mediante una formación continuada evaluada. La norma es de obligado cumplimiento y por ello establece que, un empleado o agente que no haya adquirido las competencias necesarias para la prestación de los servicios, solo podrá continuar en su labor profesional bajo la estricta supervisión de alguien cualificado y durante un plazo no superior a 4 años. Una práctica ciertamente compleja de llevar a cabo.
Alfabetización financiera
 
Más allá de especificidades, lo cierto es que este aspecto de MiFID II resulta  especialmente relevante para el mercado español donde, por primera vez, el personal que presta servicios de información o asesoramiento está obligado a obtener una cualificación profesional adecuada para informar o asesorar a los clientes, además de una experiencia mínima a 6 meses. Contrariamente a la mayoría de países europeos, esta exigencia es algo inédito en España, una excepción hasta ahora entre los países de su entorno, que se ha traducido lógicamente en un esfuerzo más elevado para las entidades españolas.

Estos requerimientos, que han comportado unos costes adicionales importantes para quienes hayan optado por un cumplimiento holgado, persiguen y van a contribuir sin duda a recuperar la confianza en el sector, a través de una mayor protección al cliente, que se beneficiará también de la mayor transparencia y menores conflictos de interés en la provisión de servicios financieros. Unos cambios importantes que deberán ser complementados en los próximos años, a través de campañas y medidas de educación en finanzas personales, para reducir la actual abismal asimetría informativa en los servicios financieros, derivada del alto analfabetismo financiero. Mientras celebramos los avances que está aportando MiFID II, resulta muy oportuno trabajar para paliar este déficit en materia de educación financiera, como se ha recordado hace pocos días en la anual Global Money Week, donde internacionalmente se fomenta de forma especialmente intensa la alfabetización financiera.

A vueltas con la ética

La oportunidad es obvia pero es el momento de una cierta exigencia, una buena aplicación y cumplimiento de la norma, -por cierto de forma homogénea en toda Europa, lo que no es evidente aún-, y una supervisión que premie a quienes han apostado por una alta exigencia y que vaya rectificando a quienes lo han hecho a mínimos. Todo esto pasa por valorar los estándares éticos además de los profesionales, la independencia en la evaluación de las cualificaciones y de la formación continua, y por no aceptar sucedáneos formativos.

De lo contrario, habremos perdido el tiempo y, quien sabe, si la última oportunidad de recuperar la reputación del sector.

Josep Soler Albertí
Presidente de EFPA Europa