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03/02/2020

Artículo de Joan Pons: Algunas consideraciones sobre el Impuesto de Patrimonio (Diari de Tarragona)

El Impuesto de Patrimonio se ha convertido en los últimos años en objeto de disputa política, por el debate sobre su conveniencia y el hecho de que, aunque se ejecute en todo el territorio nacional, su recaudación está cedida en un 100% a las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, que son las encargadas de regular todo lo referente al mínimo exento, tipo de gravamen, deducciones y bonificaciones de la cuota, lo que provoca a su vez que existan diferencias sustanciales dentro del Estado. Por poner un ejemplo, este impuesto está bonificado al 100% en Madrid mientras que en Cataluña existe un tipo aplicable en progresivo aumento, hasta alcanzar un tipo marginal del 2,75%.

Artículo de Joan Pons: Algunas consideraciones sobre el Impuesto de Patrimonio (Diari de Tarragona)
De momento, parece que la intención del ejecutivo actual es prolongarlo, pese a su carácter temporal, tras su recuperación hace una década en plena crisis financiera. Más allá de su peso recaudatorio, que apenas llega al 0,1% del PIB en España, este impuesto encarna una fuerte polémica con un claro componente de política económico-fiscal. De este modo, existen dos grandes visiones totalmente contrapuestas. Una corriente que apuesta por una armonización, por elevación, entre comunidades autónomas, y otra muy distinta que aboga por la eliminación total o casi total de este tributo, por considerarlo claramente confiscatorio, además de tratarse de un gravamen inexistente en la gran mayoría de los países de la OCDE.

De este modo, conviene aclarar algunos detalles de interés que todo contribuyente al que le pudiera afectar debería conocer. En primer lugar, que este impuesto afecta a toda persona residente fiscal en España, que tributará por la totalidad de su patrimonio, independientemente de dónde estén situados sus bienes o dónde deban ejercitarse los derechos de que sea titular, y su residencia fiscal vendrá determinada por donde pase, al menos, 183 días al año, sin tener en cuenta las ausencias esporádicas.

En segundo lugar, deben señalarse las principales exenciones que contempla el diseño del impuesto. Por un lado, la vivienda habitual, exenta hasta un máximo de 300.000€. Y, por otro lado, con respecto al patrimonio empresarial, quedan excluidos tanto los bienes y derechos necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial o profesional del contribuyente, siempre que este sea su principal ingreso, así como las participaciones de una persona física en entidades que cumplan los requisitos para ser consideradas como “empresa familiar”.

Y, en tercer lugar, cabe destacar que puede aplicarse una reducción específica, cuyo objetivo es evitar o, al menos, reducir la confiscatoriedad del impuesto, que resulta de considerar como límite de tributación conjunta entre este Impuesto y el IRPF el 60% de la base imponible del IRPF del contribuyente. Es decir, éste, entre estos dos impuestos, no puede llegar a pagar más del 60% de sus rentas.

En todo caso, ante cualquier duda que surja cuando se trata de desenmarañar la compleja tela de araña de este tipo de figuras impositivas, un asesor financiero cualificado, experto en materia de fiscalidad, será el mejor aliado para despejar cualquier duda y tomar decisiones relevantes que ayuden a obtener una planificación financiera adecuada.
 
Joan Pons. Secretario de EFPA España

Artículo publicado en Diari de Tarragona