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06/11/2015

Artículo por Josep Soler: ¿Está usted cualificado para tratar mis finanzas?

Estamos entrando en una etapa decisiva, -quizá de unos quince meses-, para intentar cambiar de una vez la forma en que se ofrecen y se contratan los servicios financieros. La demanda, -diría la exigencia-, de la clientela es evidente: servicios más adecuados a cada uno, más transparentes, más centrados en el consejo y menos en la venta. Por el lado de la oferta se coincide parcialmente: hay que recuperar la confianza del cliente y la reputación del sector, y por lo tanto hay que hacer mejor las cosas.

Artículo por Josep Soler: ¿Está usted cualificado para tratar mis finanzas?
Estamos entrando en una etapa decisiva, -quizá de unos quince meses-, para intentar cambiar de una vez la forma en que se ofrecen y se contratan los servicios financieros. La demanda, -diría la exigencia-, de la clientela es evidente: servicios más adecuados a cada uno, más transparentes, más centrados en el consejo y menos en la venta. Por el lado de la oferta se coincide parcialmente: hay que recuperar la confianza del cliente y la reputación del sector, y por lo tanto hay que hacer mejor las cosas.

A pesar de ser positiva esta doble presión de oferta y demanda, lo que finalmente más contribuirá al cambio es la regulación. La MiFID II es la pieza legislativa europea esencial que nos deberá generar unos servicios financieros más eficientes, más transparentes, con menos conflictos de interés y donde el cliente esté más protegido para preservar y rentabilizar sus ahorros. Esta directiva deberá estar transpuesta en los países de la Unión Europea a inicios de 2017 pero ya antes, -quizá en el primer trimestre del próximo año -, ya tendremos vigente mucha reglamentación vinculada.
Una de estas normativas de segundo nivel, en vísperas de su publicación, son unas directrices de la ESMA (Autoridad Europea de Mercados Financieros) sobre qué tipo de cualificación profesional deben tener los "médicos financieros", es decir los profesionales que en la banca o en otras entidades financieras nos informan, recomiendan y, demasiado a menudo, prescriben directamente nuestras soluciones de ahorro e inversión.

Y es que por ejemplo en España, no hay hasta ahora ninguna exigencia mínima de profesionalidad, conocimientos, competencias, y menos de seguimiento de códigos de conducta ética para aquellos que tienen la gran responsabilidad de orientar nuestra jubilación, herencia, optimización fiscal y el ahorro para objetivos financieros como puede ser una vivienda, la educación de los hijos o incluso unas vacaciones.

En todo caso, la exigencia de cualificación profesional (¡que sean médicos!) es de una lógica aplastante en esta deseada transformación a mejor en la distribución de los servicios financieros. Es indiscutible pero no está asegurado que el resultado final de la norma sea el esperado. Muchos agentes del sector preferirían soluciones descafeinadas, de poca exigencia, que dejara la única responsabilidad en manos del banco o compañía financiera (en la mutua u hospital, y no en el médico).

He tenido ocasión de participar en varios debates clave sobre la cuestión, quizá el más relevante en un comité consultivo de ESMA donde asisten expertos y reguladores de todos los países europeos. La única argumentación "sólida" contra una norma exigente para la cualificación profesional de asesores financieros y de personal que ofrezca información sobre productos de inversión es el coste que teóricamente tendría formar, evaluar / certificar y garantizar la formación continua de los empleados; todo evidentemente hecho de forma independiente.
Cuando se expone este obstáculo de coste, algunos contestamos incrédulos que no es imaginable que este coste sea tan elevado. ¿Es que no están formados hasta ahora? ¿Es que están responsabilizados de aconsejar e informar a los clientes sobre trascendentales decisiones para su futuro personal y financiero sin suficientes conocimientos, con el riesgo que ello tendría?

Yo sinceramente creo, -y lo puedo testificar-, que muchas entidades sí se han preocupado por la buena formación y cualificación de estos profesionales. Hay tan sólo que levantar el nivel, evaluarlos (de forma independiente, por supuesto) y proveerlos de formación continua para que siempre estén actualizados. Y eso ni es tan caro, ni tan complicado. Si alguna entidad, -o grupos de entidades-, realmente tiene detrás del mostrador, mesa o al teléfono alguien que no está suficientemente capacitado para dar el necesario consejo y generar la adecuada recomendación, sería una pésima señal, una auto declaración de la propia incapacidad de la entidad para ofrecer productos financieros.

En definitiva, esperamos que la lógica se imponga en el texto final de las directrices ESMA sobre cualificaciones profesionales en el sector financiero y en la interpretación que a continuación deberá hacer en España, la CNMV. Y eso significa fijar un nivel elevado y exigente de competencias que permita la actuación autónoma de un asesor financiero, y basado en unos estándares europeos; que se mantenga el requerimiento de formación continua permanente; que haya una evaluación independiente y justa de todo ello ajena a las propias entidades, y por último que los profesionales adopten un compromiso con un código de conducta profesional que ponga por delante el interés del cliente.

Los ahorradores / inversores que han sido mal asesorados o informados en el pasado y los que deberán estar bien asesorados e informados en el futuro, lo requieren.

Josep Soler Albertí
Presidente de EFPA Europa