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05/07/2019

"La banca y MiFID II" por Jordi Español

Tras un año de retraso en la transposición de la Directiva Europea MiFID II a la legislación española, la nueva normativa, materializada a través de los Reales Decretos Ley 21/2017 de 29 de diciembre y 14/2018 de 28 de septiembre, ya es una realidad desde el pasado 19 de Enero 2019.

'La banca y MiFID II' por Jordi Español
Bajo mi punto de vista, hacer un balance sobre la efectividad de la nueva normativa al sistema financiero y bancario, tras sólo 6 meses de recorrido, es precipitado. Sin embargo, sí que me atrevo a analizar y detallar cómo el sistema bancario, en mi opinión, está enfocando las nuevas formas de asesoramiento financiero derivadas de la aplicación de la nueva directiva europea.

Uno de los principales objetivos de MiFID II es asegurar unos elevados niveles de protección de los inversores en productos financieros, especialmente de los inversores minoristas. En los últimos años, la práctica constante de la banca en la comercialización de productos financieros complejos hacia inversores con perfiles financieros no aptos, con resultados muy negativos para el inversor, obligó a ESMA, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, a tomar decisiones al respecto.
 

Con MiFID II ya en vigor, se observa una mayor rigurosidad por parte de la banca.


Algunos ejemplos que escenifican la aplicación de la nueva directiva a los procedimientos y prácticas bancarias son los siguientes:
  • Presencia física obligatoria del inversor en la contratación de un producto financiero. Durante los últimos años se ha generalizado la mala praxis bancaria de contratar el producto sin estar el cliente presente en la oficina. En algunos casos, hasta el extremo de cumplimentar el test de conveniencia y/o idoneidad el propio empleado de la entidad financiera, en lugar del cliente. Tras el inicio de la nueva normativa, la banca ha modificado sus circuitos y procedimientos internos, en aras de evitar esta mala praxis. La banca ha diseñado un circuito de “hilo de conversación”, que obliga a que el inversor esté presente en el momento de la contratación del producto, evitando por tanto posibilidad de que el empleado acuda de nuevo a las malas praxis.
  • Documentación contractual previa. MiFID supone un aumento de la transparencia sobre los productos y servicios de inversión. La normativa obliga a entregar al inversor, con antelación suficiente, información clara y transparente sobre las características de los servicios de inversión e instrumentos financieros. Asimismo, el texto legal también insta a facilitar información posterior a la contratación, para que el inversor conozca la evolución de sus productos de inversión. En este sentido, los Servicios Jurídicos de las entidades financieras se han encargado de esta laboriosa modificación en la redacción del clausulado de los contratos. Se puede comprobar la extensión de dichos contratos, cuando años antes se simplificaban en gran medida.
     
  • Formación de los empleados. MiFID ha supuesto también importantes exigencias en materia de formación del personal que informa y asesora sobre productos de inversión. La nueva normativa obliga a que el personal de la red de oficinas que desarrolle tareas de información y asesoramiento a clientes o no clientes, posea alguna de las certificaciones formativas contempladas. La nueva ley es muy tajante en este aspecto: el personal que no posea la formación mínima exigida, no podrá ni tan sólo informar a los clientes en productos de inversión. En este sentido, la banca ha adoptado una postura muy rígida: todo empleado que hasta finales de 2018 no poseía la formación necesaria, lo trasladaba a realizar labores de back-office (sin estar de cara al público).

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